El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo criticó que tras el proyecto que modifica las pensiones, ahora venga uno que va en contra del mismo, que es de reforma laboral.
La Plenaria del Senado de la República aprobó el 23 de abril de 2024 el proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. El mismo está basado en un sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro pensional) y, pese al visto bueno, parece no llenar del todo a expertos.
Por lo menos, así lo dejó entrever el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, que hizo un ejercicio profundo sobre lo bueno, lo malo y lo feo del proyecto de ley aprobado en dicha corporación y que ahora estará en manos de la Cámara de Representantes, donde debe surtir dos nuevos debates antes de pasar a sanción presidencial y convertirse en ley de la República. Si no cumple con esos tiempos, se hundirá.
Lo bueno
Así las cosas, para el exfuncionario entre lo bueno está lo siguiente:
Haber incluido un beneficio solidario para hasta tres millones de adultos mayores que no tienen la posibilidad de pensionarse. “Eso es positivo. Sí, es importante decir para eso no se necesitaba reforma pensional. Se ha podido hacer por el Gobierno nacional casi que desde el día dos de inicio de su Gobierno”.
Elimina esa competencia malsana entre Colpensiones y las AFP (administradoras de fondos de pensiones). “Eso no ha debido existir y me parece que era inconveniente. Este es un buen paso adelante”.
Elimina las pensiones altas (mega pensiones). “En ese sentido, es una forma de acabar en parte con esa idea del Robin Hood al revés que tiene la legislación pensional en Colombia, en donde los pobres están subsidiando los ricos y no debería suceder”.
De paso, Restrepo lamentó que no se metieron con los regímenes especiales (Fopep, Fomag, Colpuertos, Ferrocarriles Nacionales), que se ha podido hacer, pero por lo menos es un avance.
Lo malo
Entre lo malo, Restrepo enumeró estos puntos:
La forma como está hoy diseñado el régimen semicontributivo, que es el que permite que las personas que hayan cotizado, pero no alcancen al finalizar a cotizar las semanas que se necesitan, que puedan tener una especie de beneficio al cierre de su vida productiva, lo que evidentemente no es la totalidad de la pensión.
“Tal vez la diferencia con lo que hoy en día existe genera como preocupaciones, por ejemplo, que si usted ha cotizado entre 300 y 1.000 semanas, pues a partir de la nueva norma no va a recibir ni los intereses, ni los ahorros que ha realizado. Simplemente, recibirá un valor muy pequeño a lo largo de su vida con posterioridad a que ya termine su carrera productiva”.
Esto se da cuando la persona no alcanza a cotizar las semanas que necesita para pensionarse: “Hubiera preferido un modelo en donde se promoviera el ahorro y en donde se devolviese ese ahorro”.
La forma como se llega a ese umbral para que los recursos de ahorro individual de las AFP transiten a Colpensiones, al régimen de prima media, ya que se fijó por medio de un procedimiento antitécnico.
“Algunos dicen que el Gobierno tenía tres salarios mínimos, que la oposición tenía 1,5 y el promedio da 2,25, y entonces se ajustó a 2,3. Así no se puede construir política pública. Uno no puede construir política pública con tan bajo rigor técnico. Eso debería estudiarlo bien la Cámara de Representantes para que al final ojalá llegáramos a un valor atinado. El camino debiese ser entre 1 y 1,5 salarios mínimos”.
Lo feo
Por su parte, entre lo feo destacó lo siguiente:
Acaba con la libertad para elegir. Ya los ciudadanos no podrán escoger la AFP o un régimen de ahorro individual o un régimen de prima media, porque a partir de un umbral ya todo transita hacia Colpensiones. “Hay que promover y respetar la libertad de las personas en materia pensional”.
Para el 2065, como se tenía previsto, se acaba el ahorro pensional de Colombia y no solamente se aumenta el pasivo pensional en el 76% del Producto Interno Bruto (PIB), sino que se acaba el ahorro pensional del país.
“Los jóvenes serán al final los paganini de esta reforma pensional, porque en ese momento ellos se van a pensionar y no va a haber recursos para pensionar, lo que significa que antes de eso, de aquí unos 15 años, se necesitará otra reforma pensional”.
Ante esto, a Restrepo le parece irresponsable haber promovido entonces una reforma con la que se sabía de antemano que se necesitaba otra con posterioridad. Por eso, lamentó que era el momento para hacer los ajustes del caso, como por ejemplo, modificar algunos de los criterios que hoy en día tiene el régimen pensional.
Lo igualmente preocupante para el exministro de Hacienda es que cuando se acaba ese pasivo o ese ahorro pensional, significa que también se acaba el crédito de largo plazo en el país, recursos con los que hasta ahora se financiaron muchas de las grandes obras de la nación.
“Esa es una preocupación. Afortunadamente, lo que discutió el Senado permite que sea el Banco de la República el que administra el fondo de ahorro pensional. Esto me parece que es conveniente, por lo menos es sano. No era sano que lo administrara Colpensiones”, anotó.
José Manuel Restrepo también adujo que lo más feo de la reforma pensional es que venga ahora una reforma laboral que promueve la informalidad y el desempleo, que son las causas, entre otras, por las cuales la gente no se pensiona.
“Lo que no debería suceder es que esta reforma pensional venga con una reforma antipensional, que es la posibilidad de que el Congreso apruebe la reforma laboral, que ni genera empleo, ni genera formalización, ni productividad y, por lo tanto, que no corresponde con una buena reforma laboral y se convierte en una antireforma pensional”, enfatizó.
Por eso, finalizó al decir que la Cámara de Representantes tiene mucho trabajo y se deben conseguir salidas ideales a lo que se viene a continuación.
De conformidad con el inciso del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, en todos los casos la responsabilidad de la entrega de la factura electrónica de venta para su validación.
Esta Subdirección está facultada para absolver las consultas escritas, presentadas de manera general, sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de la DIAN1. En este sentido, la doctrina emitida será de carácter general, no se referirá a asuntos particulares y se someterá a lo consagrado en el artículo 131 de la Ley 2010 de 20192.
Mediante el presente pronunciamiento se adiciona el Concepto Unificado de la referencia, en relación con la facturación de las operaciones de comercio electrónico que se realizan a través de los diferentes modelos de venta multicanal, y frente al documento equivalente a la factura de venta expedido para los servicios públicos domiciliarios como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables:
Adición del Descriptor 1.1.26 al Capítulo 1 “Obligación formal del facturar” del Título I “GENERALIDADES”:
1.1.26. DESCRIPTOR: OBLIGACIÓN DE FACTURAR EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO ELECTRONICO.
1.1.26.1 ¿Cuál es el sujeto obligado a expedir la factura de venta al adquirente en las operaciones de ventas multicanal, que se realizan en el comercio electrónico?
El Libro Blanco de Comercio Electrónico Colombia de la Universidad EAN y el MinTIC, establece que “la venta multicanal ofrece una serie de opciones para la gestión de los pedidos tanto para el comercio electrónico como al cliente, en base a la interacción que se estableció en la compra de algún bien o servicio” e identifica como tipos de esta venta los siguientes: Social selling, Dropshipping, Marketplaces o modelos híbridos.
Teniendo en cuento lo anterior y en consonancia con lo señalado en el literal b) del artículo 2 de la Ley 527 de 1999,3 las operaciones mencionadas se enmarcan en la definición de comercio electrónico y de acuerdo a lo expresado en el Descriptor 1.1.15 de este concepto, es una modalidad de venta y por esta razón debe facturarse, salvo que se realicen por parte de sujetos que según la normatividad aplicable se encuentren exceptuados del deber formal del facturar.
Frente a estos tipos de venta es importante precisar según lo expuesto en el mencionado documento, que en su realización se involucran diferentes actores: i) Plataforma de comercio, ii) El comercializador, distribuidor, plataforma e-commerce o vendedor del producto; iii) Proveedor y iv) Cliente y por esta razón, se hace necesario establecer el sujeto que se encuentra en la obligación de facturar la venta de los productos al adquirente (cliente final)
De conformidad con el inciso del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, en todos los casos la responsabilidad de la entrega de la factura electrónica de venta para su validación, así como la expedición y entrega al adquiriente, una vez validada, corresponde al obligado a facturar, es decir quien vende o presta el servicio4 a menos que se trata de un sujeto exceptuado del cumplimiento de dicha obligación.
Así las cosas, dada la pluralidad de sujetos que actúan en estas operaciones, será necesario según el modelo de negocio implementado, identificar quien realiza como tal la venta, pues será este en quien recae la obligación de expedir la factura de venta por la correspondiente operación. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que recae en cabeza de las plataformas de comercio electrónico de poner a disposición un servicio que permita la expedición y entrega de la factura electrónica de venta por parte de sus usuarios al consumidor final.5
A manera de ejemplo, como se puede observar en el gráfico que explica la figura del Dropshipping6, a pesar que el proveedor del bien es el encargado del alistamiento y despacho del producto, quien realiza como tal la venta al cliente es el canal de venta, comercializador o plataforma e-commerce, y por esta razón será quien debe expedir la factura de venta al momento de realizar la operación de venta del producto:
“Ilustración 55. Proceso gestión de pedidos bajo modelo dropshipping.”
Por otro lado, en el evento que para la realización de los modelos de negocio mencionados las partes involucradas opten por suscribir un contrato de mandato, (lo cual les corresponde determinar en virtud de autonomía de la voluntad), se deberá dar aplicación a lo que contempla el artículo 1.6.1.4.9. del Decreto 1625 de 2016, para efectos de facturación.
Y bajo este escenario, para efectos de soportar los respectivos costos, deducciones o impuestos descontables, o devoluciones a que tenga derecho el mandante, el mandatario deberá expedir al mandante una certificación donde se consigne la cuantía y concepto de estos, la cual debe ser firmada por contador público o revisor fiscal, según las disposiciones legales vigentes sobre la materia.7
Frente a la obligación de facturar que recae en cabeza de las plataformas de comercio electrónico, debe precisarse que esta se predica respecto de las operaciones de venta de bienes y/o prestación de servicios que estas realicen, por lo que conceptos diferentes tales como reembolso de gastos, comisiones, entre otros, no se deben facturar. Sin embargo, como se precisó en el Descriptor 1.3.1. de este concepto, para el reconocimiento de estos costos y gastos se requiere que los mismo estén soportados.
Adición al Descriptor 3.3.12. “DOCUMENTO EXPEDIDO PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS” del numeral 3.3.12.2: 3.3.12.2.
Con la sustitución del artículo 1.6.1.4.8 del Decreto 1625 de 2016 y la consecuente eliminación de su parágrafo 1, para la procedencia de costos o deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios o los impuestos descontables del impuesto sobre las ventas -IVA, ¿es necesario que en la factura de venta o documento expedido para los servicios públicos domiciliarios figure el nombre del propietario, arrendatario u otro sujeto que solicita el costo, el gasto o el impuesto descontable?
El Gobierno Nacional mediante el artículo 6 del Decreto 442 de 2023 sustituyó el artículo 1.6.1.4.8. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, quedando de esta manera eliminado el parágrafo 1, en el cual se establecía que para efectos que la factura de venta y los documentos equivalentes que corresponda expedir a los prestadores de servicios públicos domiciliarios se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables, no se requiere que figure el nombre del propietario, arrendatario o quien efectúe el pago del servicio correspondiente.8
A pesar de lo anterior, la exigencia de dicho requisito continúa vigente, pues en virtud de la facultad reglamentaria que el parágrafo 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario9 otorgó a la DIAN para reglamentar el sistema de facturación, al expedir la Resolución 000165 de 2023 en su artículo 25, señaló:
“La factura de venta o el documento equivalente electrónico que expidan los prestadores de servicios públicos domiciliarios servirá al suscriptor o usuario para soportar impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas y costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. En todo caso, se deberán atender los requisitos generales legales de procedencia y demostrar la condición de suscriptor o usuario, según sea el caso.”.
Ahora bien, dado que la mencionada resolución entró en vigencia el 1 de noviembre de 2023 y derogó la Resolución 000042 de 2020 (con excepción de las disposiciones contempladas en los artículos 67 y 68), en virtud de la transitoriedad que de manera expresa contempló el legislador en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario para las disposiciones que regulaban el sistema de facturación antes de la entrada en vigencia de la Ley 2155 de 202110, aún en vigencia de la Resolución 000042 de 2020, dicho requisito se mantuvo, pues se encuentra regulado en su artículo 14, garantizando de esta manera la seguridad jurídica a los usuarios del sistema de facturación.
Adicionalmente, es importante precisar que en virtud del inciso 1 del artículo 6711 y 6812 de la Resolución 000165 de 2023, mientras se implementa de manera electrónica el documento equivalente que pueden expedir los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acuerdo con el calendario correspondiente, las disposiciones de la Resolución 000042 de 2020 que regulan el documento equivalente que deben expedir los prestadores de servicios públicos domiciliarios, incluido los requisitos para que el mismo sea soporte de costos, deducciones e impuestos descontables para el propietario, arrendatario o quien acredite el pago, se deben seguir aplicando.
En este sentido, a pesar de la sustitución del artículo 1.6.1.4.8. del Decreto 1625 de 2016, para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables no se requiere que en la factura de venta o documento expedido para los servicios públicos domiciliarios figure el nombre del propietario, arrendatario o quien haya realizado el correspondiente pago del servicio público, para el efecto bastará que el pago cumpla con las condiciones y requisitos que contempla el Estatuto Tributario y se deberá probar la correspondiente calidad.
En los anteriores términos se absuelve su petición y se recuerda que la normativa, jurisprudencia y doctrina en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de esta Entidad, puede consultarse en el normograma DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/.
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1 De conformidad con el numeral 4 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7 de la Resolución DIAN 91 de 2021.
2 De conformidad con el numeral 1 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7-1 de la Resolución DIAN 91 de 2021.
3 Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera;
4 Numeral 11 del artículo 1.6.1.4.1 del Decreto 1625 de 2016.
5 Cfr. Inciso 8 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario; artículo 1.6.1.4.19. del Decreto 1625 de 2016.
6 Universidad EAN y MinTIC, 2021. Libro Blanco de Comercio Electrónico Colombia.
7 Cfr inciso 2 artículo 1.6.1.4.9 del Decreto 1625 de 2016.
8 Parágrafo 1º. En el caso de las facturas de venta y de los documentos equivalentes que corresponda expedir a los prestadores de servicios públicos domiciliarios para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto de renta y complementarios o los impuestos descontables del impuesto sobre las ventas (IVA), no es necesario que figure el nombre del propietario, arrendatario u otro sujeto que solicita el costo, el gasto o el impuesto descontable y, siempre que el citado pago cumpla con las condiciones y requisitos para la solicitud conforme lo indicado en el Estatuto Tributario. Para tal efecto bastará que se acredite la calidad de propietario, arrendatario u obligado al pago de los respectivos servicios publico domiciliarios. En estos casos, los costos, las deducciones o el impuesto descontable no podrán ser solicitados por el tercero que figura en la factura y/o documentos equivalentes.
9 La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN reglamentará los sistemas de facturación establecidos en este artículo determinando, entre otros, sus requisitos especiales, las definiciones, características, condiciones, obligaciones formales e información a suministrar, términos y mecanismos técnicos y tecnológicas aplicables, la interacción de los sistemas de facturación con otros inventarios, sistemas de pago, impuestos y contabilidad e información tributaria legalmente exigida, así como los calendarios para su implementación.”
10 “PARAGRAFO TRANSITORIO. Mientras se expide la reglamentación del sistema de facturación aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la presente ley.
11 Vigencia de los documentos equivalentes entre tanto se efectUa su implementación electrónica. Los documentos equivalentes y sus requisitos exigibles antes de Ia fecha de publicaciôn de Ia presente Resoluciôn mantienen su vigencia hasta Ia fecha en Ia cual se deban generar de manera electrOnica de conformidad con lo establecido en el calendario de implementaciôn de que trata el articulo 23 de Ia presente Resolución.
12 Transitoriedad de las disposiciones de Ia Resolución 000042 de 2020 procesos administrativos en curso. Los hechos ocurridos en vigencia de Ia Resolución DIAN 00042 de 2020 se regirán por esta, así mismo los procesos administrativos en curso o que se inicien con base en dicha resolución se regían por sus disposiciones. De igual forma los artículos 13 y 36 de Ia Resolución 000042 de 2020, estarán vigentes en Ia medida que se vaya cumpliendo el calendarlo de implementación de los documentos equivalentes electrónicos, previstos en el artículo 23 de Ia presente Resolución.
Contadores públicos, personas naturales, y sociedades de contadores deben actualizar sus datos ante la Junta Central de Contadores.
Antes del 1º de marzo de 2024, los contadores públicos y las entidades que presten servicios de la ciencia contable a los cuales se les haya expedido la tarjeta profesional o tarjeta de registro, deberán actualizar sus datos registrados ante la Junta Central de Contadores.
Dicha actualización la deben realizar a través de la página web de la entidad. Cabe recordar que este es un procedimiento que hay que realizar anualmente según lo dispuesto en la Resolución 973 del 2015.
Los datos que deben actualizar los contadores públicos son: nombres y apellidos completos, documento de identificación, número de tarjeta profesional, dirección de domicilio comercial y de residencia.
De igual forma, departamento, ciudad, teléfono fijo y celular, correo electrónico, estudios de posgrado, cargos o actividades de desarrollo profesional.
La actualización de datos ante la Junta Central de Contadores (JCC) es un requisito importante para los contadores públicos y las entidades que prestan servicios contables. A continuación, se detallan los datos que deben ser actualizados anualmente:
Nombres y apellidos completos: Deben proporcionarse los nombres y apellidos tal como aparecen en la tarjeta profesional o tarjeta de registro.
Documento de identificación: Se debe proporcionar el número y tipo de documento de identidad.
Número de tarjeta profesional: Incluir el número de la tarjeta profesional o de registro.
Dirección de domicilio comercial y de residencia: Proporcionar la dirección completa del lugar de trabajo (domicilio comercial) y del lugar de residencia.
Ciudad y Departamento: Indicar la ciudad y el departamento donde se encuentra ubicado el contador público.
Teléfono fijo y celular: Proporcionar números de teléfono fijo y celular para establecer contacto.
Cuenta de correo electrónico: Incluir una dirección de correo electrónico válida para recibir comunicaciones oficiales.
Estudios de posgrado: Informar sobre cualquier posgrado o estudio adicional realizado después de la obtención de la tarjeta profesional.
Cargos o actividades de desarrollo profesional: Detallar los cargos ocupados y las actividades de desarrollo profesional realizadas durante el periodo anual.
Es importante recordar que esta actualización debe realizarse antes del 1º de marzo de cada año y que el procedimiento se lleva a cabo a través de la página web de la JCC (http://www.jcc.gov.co). La información proporcionada es crucial para mantener actualizado el registro y asegurar la validez de la tarjeta profesional o tarjeta de registro del contador público.
Al no suspenderse el contrato de trabajo debido a la incapacidad del trabajador, dicho período no es descontable para ningún efecto.
En el Grupo de Atención de Consultas en Materia Laboral de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo, a través de la Direccion Territorial de Norte de Santander, recibimos la comunicación del asunto, mediante la cual realiza una consulta sobre pago de prima de servicios en incapacidad superior a 180 días.
Esta Oficina se permite informar lo siguiente:
Alcance de los conceptos emitidos por esta Oficina Asesora Jurídica:
Antes de dar trámite a su consulta es de aclararle que esta Oficina Asesora Jurídica solo está habilitada para emitir conceptos generales y abstractos en relación con las normas y materias que son competencia de este Ministerio, de conformidad con el Artículo 8° del Decreto 4108 de 2011 y por ende no le es posible realizar declaraciones de carácter particular y concreto. De igual manera, el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el art. 41 del D.L. 2351 de 1965, modificado por el art. 20 de la ley 584 de 2000, dispone que los funcionarios de este Ministerio no quedan facultados para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces.
Así mismo es importante dejar claro al consultante, que el derecho de petición de rango constitucional supone para el Estado la obligación de responder las peticiones que se formulen, pero no obliga a hacerlo en el sentido que quiera el interesado, por lo que el derecho de petición no supone que la Administración deba acceder a pedido, tal y como lo ha mencionado reiteradamente la Corte Constitucional en extensa jurisprudencia la respuesta a las consultas están al margen de que la respuesta sea favorable o no al consultante, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido. (Sentencia T-139/17).
Hecha la precisión anterior, las funciones de esta Oficina es la de absolver de modo general las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas de la legislación colombiana sin que le sea posible pronunciarse de manera particular y concreta por disposición legal, por tal razón se procede a resolver los interrogantes de manera conjunta mediante las siguientes consideraciones:
Frente al caso en concreto:
Es importante aclarar que respecto de la situación expuesta en su consulta, esta Oficina no es competente ni podría actuar fuera del margen legal señalado, es decir, extralimitando sus competencias legales; ya sea brindando asesorías jurídicas en casos particulares o concretos, resolviendo controversias jurídicas mediante la declaración de existencia o inexistencia de derechos a favor o en contra de alguna de las partes de una relación laboral del sector privado; pues la declaración de la existencia o no de derechos u obligaciones es exclusiva de los Jueces de la República.
No obstante, haciendo uso de la función orientadora de este Ministerio, a continuación, se exponen algunos aspectos relevantes que pueden ser criterios orientadores frente al planteamiento que usted manifiesta en su escrito, teniendo en cuenta la posición de esta Cartera Ministerial, frente al tema de su consulta.
Respecto de su inquietud, es importante aclarar que los eventos de suspensión del contrato de trabajo están expresamente consagrados en el Artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Artículo 4° de la Ley 50 de 1990, dentro de los cuales no se encuentra la incapacidad para laborar por enfermedad o accidente.
Al respecto, se pronunció la Insigne Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia de fecha 18 de septiembre de 1980, indicando que:
“Resulta claro para la Sala que la incapacidad por enfermedad del trabajador no suspende el contrato de trabajo puesto que tal evento no se encuentra- ni debía encontrarse- entre las causales que establece el artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo taxativamente, Por tal razón, el término de incapacidad no es descontable para efectos de liquidar el auxilio de cesantía”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Así pues, al no suspenderse el contrato de trabajo debido a la incapacidad del trabajador, dicho período no es descontable para ningún efecto.
En otras palabras, la no suspensión del contrato de trabajo en razón a una incapacidad por enfermedad o accidente de origen común o laboral implica que el término de incapacidad no es descontable para efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas del contrato de trabajo, valga mencionar, prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, entre otras, por lo que dichas prestaciones deberán ser liquidadas sobre el último salario percibido por el Trabajador antes del inicio de su incapacidad.
En conclusión, como ya anteriormente se dijo, esta Oficina entendería que mientras un trabajador se encuentra incapacitado debido a una contingencia, bien sea de origen común o laboral, el contrato de trabajo no se suspende, sino que continúa vigente, por lo que, hasta el momento de su terminación el Empleador está en la obligación de liquidar y pagar todas las prestaciones laborales establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo. Ahora bien, en el evento en el que el empleador haya asumido el pago de la incapacidad que por mandato legal le corresponde a la EPS para el caso objeto de estudio, por consideración con su trabajador, en aras de no afectar sus derechos ya que dicho trabajador esta imposibilitado para generar ingresos para su manutención y la de su familia, en este evento, el empleador deberá al momento de pagar una incapacidad laboral, iniciar el recobro del pago de los auxilios de incapacidad que asumió, en todo caso dicho auxilio lo paga la empresa directamente al trabajador, y luego la empresa repite contra la EPS.
Para mayor información, se invita a consultar nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en donde entre otros aspectos de interés, se encuentra tanto la normatividad laboral como los conceptos institucionales, los cuales servirán de guía para solventar sus dudas en esta materia.
Conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría sobre temas muy precisos de importancia para mejorar nuestro desempeño profesional y que nos mantenga actualizado.
En esta ocasión quiero resaltar la expedición del decreto que modifica la estructura de la Contaduría General de la Nación y el aporto del colega Leonardo Varón relacionado con el hecho generador de las bebidas azucaradas.
En lo personal y profesional, es un gusto colaborar con la comunidad contable de la cual también formo parte.
#1 CTCP. Boletín de Conceptos Septiembre 2023.Ver documento
#2 Al día con el CTCP: Boletín Mensual – Septiembre 2023. Ver documento
#3 DIAN. Concepto 1111-23. Tercera adición al Concepto General sobre impuestos saludables. Ver documento
#4 CP Leonardo Varon. Hecho Generador del Impuesto a las Bebidas Ultraprocesadas Azucaradas. Ver documento
#5 MINHACIENDA. Decreto 1693-23. Por el cual se modifica la estructura de la Contaduría General de la Nación y se determinan las funciones de sus dependencias. Ver documento
Quiero reafirmar que tiene la libertad de compartir toda la información adjunta en este correo con sus colegas y excompañeros de universidad, o si lo prefiere, puede proporcionarme las direcciones de correo electrónico personal de aquellos colegas que desee incluir en la lista de destinatarios.
Sin embargo, quiero dejar en claro que si en algún momento decide darse de baja y no recibir más correos, puede hacerlo fácilmente haciendo clic en el enlace ubicado en la parte inferior después de mi firma. Respetaremos su decisión sin ningún inconveniente.
Es importante precisar que el documento se encuentra en estudio por parte de la dirección de regulación del ministerio de comercio, industria y turismo.
CONSULTA (TEXTUAL)
“Con base en los Arts. 14, Núm. 1º; 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011 (todos, mod., Art. 1º, Ley 1755 de 2015), me permito solicitar a esta entidad pública se sirva RESPONDER por escrito y dentro del término legal máximo de treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la presente solicitud, contestando de manera clara, específica e individualizada respecto de cada una de las preguntas formuladas:
1) Copia simple (archivo pdf, o acceso al enlace digital en el sitio web de su entidad) de la totalidad de documentos producidos por su entidad, relacionados con el Proyecto de Ley por el cual se regula el ejercicio de la profesión de contador público, se expide el Código de Ética y se dictan otras disposiciones; incluyendo: (a) texto (inicial y final, si es del caso, con sus correspondientes modificaciones) del proyecto de ley; (b) estudios jurídicos, técnicos, sociales y económicos adelantados por su entidad para promover, socializar y desarrollar el texto del Proyecto de Ley; (c) exposición de motivos, si esta iniciativa ha sido radicada como Proyecto de Ley a la fecha presente; (d) resoluciones o conceptos emitidos sobre este tema en específico; (e) informes y estudios técnicos, sociales y económicos sobre el impuesto y los efectos (positivos o negativos) de su implementación; (f) pronunciamientos y proyectos de su entidad en curso con respecto a este Proyecto de Ley; (g) comentarios y propuestas planteadas por su entidad ante el ente competente.
2) Indicar con respecto al estado actual de esta iniciativa: (a) si ha sido radicado a la fecha ante el Congreso de la República (de ser afirmativa su respuesta, aportar los documentos soporte de la radicación); (b) si no ha sido radicado, explicar las razones de hecho y derecho por las cuales no se ha cumplido este hito a la fecha presente; (c) cronograma de actividades realizadas y proyectadas, así como estado actual de esta iniciativa, con miras a su futura (o actual) radicación ante el Congrego de la República, como Proyecto de Ley.
CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnico-científico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente por lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en los siguientes términos:
Numeral 1.
En respuesta a la solicitud formulada y siguiendo el estricto orden de los literales remitimos la siguiente documentación a saber:
a). Texto (inicial y final, si es del caso, con sus correspondientes modificaciones) del proyecto de ley
-Borrador Proyecto de Ley por el cual se regula el ejercicio de la profesión de contador público, se expide el Código de Ética, se reglamenta el funcionamiento del Colegio Colombiano de la Contaduría Pública y se dictan otras disposiciones
-Borrador Proyecto de Ley por el cual se regula el ejercicio de la profesión de contador público, se expide el Código de Ética y se dictan otras disposiciones
(b). estudios jurídicos, técnicos, sociales y económicos adelantados por su entidad para promover, socializar y desarrollar el texto del Proyecto de Ley
-Proyecto Régimen de la Contaduría Pública. Entregado por el Comité para la Reglamentación de la Profesión Contable (noviembre de 2021)
(c). exposición de motivos, si esta iniciativa ha sido radicada como Proyecto de Ley a la fecha presente
Es importante precisar que el documento se encuentra en estudio por parte de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sin embargo, en la propuesta final remitida por el CTCP se encuentra una exposición de motivos.
-Exposición de motivos Proyecto de Ley por el cual se regula el ejercicio de la profesión de contador público, se expide el Código de Ética y se dictan otras disposiciones
En respuesta a la solicitud formulada y siguiendo el estricto orden de los literales remitimos respuesta:
(a). si ha sido radicado a la fecha ante el Congreso de la República (de ser afirmativa su respuesta, aportar los documentos soporte de la radicación)
El proyecto del CTCP aún no ha sido radicado en el Congreso de la República para su trámite legislativo.
(b). si no ha sido radicado, explicar las razones de hecho y derecho por las cuales no se ha cumplido este hito a la fecha presente
El documento emanado del CTCP fue enviado a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el nueve (9) de junio de 2023. El área que se encuentra en el estudio integral de la propuesta.
c) cronograma de actividades realizadas y proyectadas, así como estado actual de esta iniciativa, con miras a su futura (o actual) radicación ante el Congrego de la República, como Proyecto de Ley
Como se mencionó en el literal anterior, la potestad sobre las actividades a seguir frente al proyecto está en el propio Ministerio. Es importante recordar que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1314 de 2009 Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento, el CTCP debe someterse a las consideraciones de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Hacienda y Crédito Público en la elaboración de los proyectos de norma (Artículo 8º).
Asimismo, el Consejo Técnico es una entidad adscrita y sometida a la administración de sus recursos de funcionamiento por parte del propio MinCIT (Artículo 11º).
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó a la información presentada por el consultante y los efectos de este concepto son los previstos por el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
CONSULTA (TEXTUAL) “(…) CONSIDERACIONES Que el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 que consagra el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas; a requerir información; a consultar, examinar y pedir copias de documentos; y a formular consultas ante las distintas autoridades. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 14 de la mencionada Ley 1437 de 2011, las peticiones de información y de documentos deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción…
“Solicito muy amablemente el procedimiento a seguir para desistir al cargo de Contador publico de una representante al concejo del Municipio de Piedecuesta, en donde yo me inscribi y firme , pero no llegamos a un acuerdo con el tema de honorarios.”
Luis Carlos Reyes, director de la Dian, comentó que esperan que más de dos
El procedimiento, según el director de la Dian, se hará electrónicamente y será para las personas naturales, indicó en sus redes sociales
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, Luis Carlos Reyes, confirmó que desde el próximo año se hará la devolución de los saldos a favor en impuestos.
El procedimiento, según Reyes, se hará electrónicamente y será para las personas naturales, indicó en sus redes sociales.
Los saldos a favor son aquellos excedentes que se generan en las declaraciones de renta y que se derivan de los montos que se le retienen a los trabajadores durante el año gravable.
«En palabras sencillas, el saldo a favor es el dinero que te queda debiendo la Dian luego de haber pagado tus impuestos, en este caso la declaración de renta, lo que quiere decir que pagaste más de lo que debías. Pero este exceso no es premeditado, se genera por las retenciones en la fuente que se le realizan a los contribuyentes durante todo el año o, en algunos casos, por pagos erróneos ligados a equivocaciones en la administración y/o planeación tributaria», explica Tributi.
Hoy, las personas naturales que tengan saldos a favor los pueden usar para pagar sus impuestos del año siguiente. Según Tributi, también se puede solicitar la devolución del saldo a favor, pero en efectivo, mientras que ahora la propuesta de la Dian es que, desde 2024, se haga electrónicamente.
Expectativas de la Dian
Ad portas de que terminen los plazos de las personas naturales para hacer la declaración y pago del impuesto de renta, cabe recordar que la Dian tiene como meta recaudar $16 billones por este gravamen.ARTÍCULO RELACIONADO
«Este año, en términos de recaudo por impuesto de renta de personas naturales esperamos unos $16 billones, de los cuales $4 billones son los saldos a pagar durante esta temporada, los otros $12 billones ya habían ingresado por concepto de retenciones en la fuente que se les hacen generalmente a los asalariados mes a mes», dijo el director de la Dian en Inside LR.
Y agregó que hay cerca de 4,8 millones de personas que esperan que hagan la declaración en esta temporada y cerca de la mitad tendrían que pagar el impuesto.
«Hay 4,8 millones de personas que esperamos que declaren renta este año. Más o menos la mitad de ellas tiene en efecto que pagar impuesto de renta, entonces estamos esperando una cifra superior a los dos millones de personas naturales que paguen impuesto de renta», indicó.
Tales certificaciones siempre deben tener un soporte que evidencie que dicha certificación contiene información capaz de ser verificable por parte de un tercero.
CONSULTA (TEXTUAL)
“(…) Agradezco su acostumbrada gestión dando claridad frente al alcance que debe dar el revisor fiscal en las certificaciones de la composición accionaria de las diferentes sociedades, de acuerdo con lo siguiente: Como parte del proceso de debida diligencia adelantada por las diferentes sociedades (clientes y proveedores) del sector real obligadas a implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT solicitan al revisor fiscal entre otras que certifiquen la composición accionaria descompuesta hasta el beneficiario final persona natural. ¿Está el revisor fiscal obligado a emitir esta certificación aún y cuando los accionistas de dicha entidad son personas jurídicas? ¿El revisor Fiscal está obligado a emitir la certificación de beneficiario final en un proceso comercial, considerando que las entidades con acceso al RUB son las 7 instituciones de inspección, vigilancia y control según el artículo 13 de la ley 2195 del 2022?” (…)
CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnico-científico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente por lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en los siguientes términos:
Es preciso mencionar que este Consejo ya se ha manifestado en diversas consultas acerca de las certificaciones que expida un revisor fiscal, las cuales citamos a continuación para su análisis:
No.
CONCEPTO
FECHA
2015-517
CERTIFICACIONES – REVISOR FISCAL
9/10/2015
2015-671
CERTIFICACIONES LABORALES – REVISORIA FISCAL
21/12/2015
2016-761
CERTIFICACIONES – REVISOR FISCAL
16/11/2016
2017-066
CERTIFICACIONES – REVISOR FISCAL
18/04/2017
2017-284
CERTIFICACIONES – REVISOR FISCAL
16/06/2017
2017-880
CERTIFICACIONES – REVISORÍA FISCAL
7/12/2017
2018-1136
CERTIFICACIONES DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL REVISOR FISCAL
5/02/2019
2018-335
CERTIFICACIONES – REVISOR FISCAL
5/05/2018
2018-907
ALCANCE DE LAS CERTIFICACIONES DEL REVISOR FISCAL
20/11/2018
2020-0958
DISCREPANCIA EN CERTIFICACIONES DE REVISOR FISCAL
12/11/2020
2022-0353
CERTIFICACIONES DEL REVISOR FISCAL
11/07/2022
2023-0011
CERTIFICACIONES – REVISOR FISCAL
13/02/2023
Ahora, debe resaltarse que, como bien se menciona en la consulta, el CTCP no tiene dentro de sus funciones la interpretación de las normas legales dentro de un contexto jurídico, sino la interpretación y orientación en el marco de las normas de contabilidad, de información financiera, de aseguramiento y de Revisoría Fiscal, en virtud de lo definido en el artículo 33 de la Ley 43 de 1990 y demás funciones asignadas por la Ley 1314 de 2009.
Así mismo, en el concepto 2019-1106, respecto de las certificaciones del revisor fiscal, se manifestó:
“Las certificaciones emitidas por un contador siempre deben tener un soporte que evidencie que dicha certificación contiene información capaz de ser verificable por parte de un tercero, dicha evidencia puede ser los libros de contabilidad del comerciante, soportes externos de transacciones, contratos, extractos bancarios, entre otros.
(…) (…) la delegación que el estado ha dado a los contadores públicos inscritos, para dar presunción de legalidad y autenticidad a ciertos actos, hechos o documentos que este suscriba (fe pública), solo es aplicable para aquellos actos o documentos que han sido previstos en la Ley, por ello, los contadores ni otras autoridades, distintas del legislador, no pueden por su propia iniciativa, adicionar o reducir los actos certificables (…) (…)
De acuerdo con lo anterior, además de fundamentarse en requerimientos legales y en información extractada de los libros de contabilidad, al expedir una certificación el contador público también tiene la obligación de considerar las normas técnicas que sean pertinentes. (…)
Otras consideraciones y guías sobre el tema son las siguientes:
La certificación requerida debe haber sido prevista en la legislación, por cuanto no es posible que los contadores, ni otras autoridades, distintas del legislador, por su propia iniciativa, adicionen o reduzcan los actos certificables; (…) (…)
Los datos consignados en el certificado deben ser los que el contador público haya obtenido por medio de la evidencia presentada por parte del cliente, por lo que el certificado se elaborará teniendo en cuenta la evidencia documental obtenida;
(…) También se tendrá en cuenta que las certificaciones emitidas por un contador público únicamente deben referirse a actividades relacionadas con la ciencia contable, las cuales según el artículo 2° de la Ley 43 de 1990 corresponde a las siguientes:
Las que implican organización, revisión y control de contabilidades.
Certificaciones y dictámenes sobre estados financieros.
Certificaciones que se expidan con fundamento en libros de contabilidad.
Revisoría Fiscal.
Prestación de servicios de auditoría.
Actividades conexas, como la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos
Tales certificaciones siempre deben tener un soporte que evidencie que dicha certificación contiene información capaz de ser verificable por parte de un tercero, dicha evidencia pueden ser los libros de contabilidad del comerciante, soportes externos de transacciones, contratos, extractos bancarios, comprobantes de pago de terceros, entre otros.
Ahora bien, el artículo 207 del Código de Comercio especialmente los numerales 3 y 9 aluden a funciones relacionadas con certificaciones que deben rendir los revisores fiscales, el Decreto 1406 de 1999, así como el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Estatuto Tributario entre otras normas.
En otras palabras las normas legales establecen las obligaciones sobre certificaciones y obligaciones que deben emitir los revisores fiscales y dentro de dicho marcho normativo las que le establecieren los Estatutos de la personas jurídicas y las asambleas.
Por ello, la Ley 2195 en su artículo 57 define claramente las obligaciones que debe atender un revisor fiscal, no siendo de su incumbencia las obligaciones que son propias de la administración.
El artículo 214 del mentado Código de Comercio ordena la completa reserva que debe cumplir dicho Organismo de Control y la forma de comunicar aquellos sobre los cuales debe proceder y tiene conocimiento, los cuales deben ajustarse estrictamente a la normatividad vigente, debiendo abstenerse de atender solicitudes de particulares sobre hechos o actos que hubiere conocido en razón al ejercicio de su cargo.
En cuanto a la pregunta específica, si una autoridad estatal le solicita la certificación de los accionistas con base obviamente en el libro de registro de socios, el cual es un libro de comercio y de obligación para toda sociedad de acuerdo con el artículo 175 del Decreto-Ley 019 de 2012, debe atender dicha solicitud informativa conforme al numeral 3 del artículo 207 ya citado.
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó a la información presentada por el consultante y los efectos de este concepto son los previstos por el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
Con apoyo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT, Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza – SECO y la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España – AEAT.
Concluyó exitosamente la primera de las 11 sesiones de trabajo que se llevarán a cabo durante año y medio, en desarrollo del Programa “Creación de capacidades en tributación internacional”, el cual permitirá a la DIAN fortalecer capacidades en materia de precios de transferencia, Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia – APA, y otros temas, obteniendo herramientas adicionales para llevar a cabo sus funciones con la calidad técnica requerida.
El encuentro forma parte del Acuerdo de Cooperación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (CIAT-SECO II), con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España.
Primera misión
La primera misión del programa se enfocó en la aplicación de los métodos de valoración de las operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia. Lo anterior resulta relevante ya que el régimen de precios de transferencia en Colombia exige que en las operaciones de los contribuyentes del impuesto sobre la renta con sus vinculados del exterior, o vinculados ubicados en zona franca, o con regímenes preferenciales; se determinen los ingresos ordinarios y extraordinarios, costos y deducciones, activos y pasivos de acuerdo con el principio de plena competencia, y en consecuencia, correspondan a aquellos que hubieran sido pactados entre partes independientes.
Con este programa, la DIAN busca actualizarse, obtener herramientas y desarrollar mayores competencias para analizar las operaciones de forma idónea y eficaz, y realizar sus auditorías con la calidad técnica requerida
El encuentro contó con el apoyo técnico de expertos en precios de transferencia de la AEAT y la participación de más de sesenta (60) funcionarios de los grupos internos de trabajo de Fiscalización Internacional del nivel central y de las Direcciones Seccionales de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación Internacional, la Dirección de Gestión de Fiscalización, la Dirección de Gestión Jurídica, la Oficina de Tributación Internacional y la Subdirección Operativa Jurídica de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes.
